Introducción

Antes de los años ochenta, a nadie se le había ocurrido pensar que el tráfico de drogas ilegales fuera un asunto que amenazara la seguridad nacional de algún país. A lo largo del siglo XX, después de las conferencias de Shanghai en 1909, de La Haya en 1912, la prohibición del opio en 1914 en Estados Unidos y otras conferencias internacionales posteriores, nunca se había colocado el tema de las drogas en esa dimensión ni en ese orden de prioridad en términos políticos. En el pensamiento tradicional, las amenazas a un determinado Estado provenían de enemigos externos. Dunn¹ señala que, a raíz de la doctrina contrainsurgente desarrollada en los sesenta durante la administración Kennedy, se introdujo el enemigo interno en la lista de las amenazas a la seguridad nacional. Se abrió así la puerta para agregar posteriormente nuevos elementos a dicha doctrina, entre los cuales figuraba el tráfico de drogas.

Desde el inicio de las prohibiciones de ciertos fármacos, Estados Unidos ha considerado que el enemigo está en los países productores. De ahí el impulso prioritario a las políticas de destrucción de cultivos en los países exportadores. Cuando el presidente Reagan firmó en 1986 el documento llamado National Security Decision Directive 221, donde se consignaba por primera vez que el tráfico de drogas es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, autorizó la participación del Departamento de la Defensa en un número importante de actividades antidroga.² Había entonces una preocupación interna por la cantidad de estadounidenses consumidores de fármacos ilícitos; pero también, y sobre todo, un interés por intervenir con mayor fuerza y decisión en el diseño de la política sobre drogas en otros países y en sus mecanismos de funcionamiento. Las amenazas eran, pues, internas, por el consumo, y externas, por la producción destinada de manera prioritaria al mercado de Estados Unidos. Inmediatamente después, el Gobierno mexicano «descubre» que la tesis de Reagan también es válida para su caso y por decisión del entonces presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, la integra en su esquema de seguridad nacional. Lo que destaca es el acto de autoridad fundador que establece los nuevos contenidos y significados que modifican el esquema tradicional, las nuevas reglas del juego, los agentes sociales destinados a hacerlas cumplir y las estrategias derivadas de semejante concepción del asunto. En cuestiones de razón de Estado no importa qué tan verdadero es lo que se dice, sino quién lo dice y la fuerza que posee para legitimarlo.

La Operación Cóndor en México (1975-1978) fue el primer ensayo en el continente americano de una estrategia antidrogas dirigida por militares. Luego seguiría Colombia, con la Operación Fulminante (1978-1980), centrada en la destrucción de cultivos de marihuana en la Guajira, durante la administración del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), quien declaró que la economía de la droga significaba «una amenaza para la seguridad nacional». En 1989, el presidente Bush anunció la Iniciativa Andina para destruir el suministro de cocaína en los países productores (Perú, Bolivia y Colombia). Se trató de un plan que empleó un poco más de dos mil millones de dólares en cinco años, una parte para ayuda económica y casi la mitad para apoyo militar y policiaco.³ Posteriormente, a partir del año 2000, vendría el Plan Colombia. Versiones suavizadas y adaptadas para México empezaron a cobrar forma en la segunda parte de la administración Zedillo, así como en la de Fox con el Plan México Seguro, hasta derivar en medidas más duras y desesperadas, que no necesariamente más eficaces, como los operativos conjuntos en varias partes del país (incluso se habla ya de un Plan México o de una iniciativa de seguridad regional, la que incluiría a Centroamérica, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE– ha negado esa posibilidad)⁴ en la naciente administración del presidente Calderón. En todas esas estrategias las Fuerzas Armadas, las locales y las de Estados Unidos, han cumplido y cumplen un papel central. No hay razón para pensar que la estrategia estadounidense adoptada por países productores de plantas ilegales vaya a cambiar en el corto plazo, ni que éstos estén dispuestos a ignorarla o a actuar por su cuenta y con una lógica distinta; o, más improbable, que esos países constituyan un frente común y hagan algo cualitativamente diferente y de manera soberana.

Este trabajo es resultado de una investigación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Tiene por objeto el análisis de la historia reciente, principalmente de la administración Fox y los primeros meses de la de Calderón, de las condiciones internas y externas que han hecho posible la inclusión del tráfico de drogas como amenaza para la seguridad nacional, así como las medidas que distintos gobiernos de México han puesto o evitado poner en práctica inspirados en esa visión, en función de lo que cada uno de ellos ha heredado de su antecesor, y de su percepción particular de lo urgente, lo necesario y lo posible. Se parte del análisis de la relación histórica entre la esfera política y el del tráfico de drogas, explorada en trabajos anteriores, al igual que de las transformaciones al interior de dichos gobiernos en el contexto de la alternancia en el poder para explicar las luchas por la hegemonía y la autonomía relativa de los traficantes respecto del poder político. Se observa con mayor detalle el trabajo realizado por las instituciones encargadas de la política sobre drogas y de seguridad a través de sus principales funcionarios; la participación creciente de los militares en asuntos de drogas y en instituciones de seguridad; las acciones de algunas de las principales organizaciones de traficantes, sus estrategias, alianzas y escisiones, los enfrentamientos entre ellas y con los representantes del Estado; la situación en algunas de las entidades más conflictivas del país, los escenarios de alternancia en el poder, la corrupción, la violencia extrema, las zonas que las bandas se disputan. También se analizan algunos de los mitos frecuentes generados por autoridades y reproducidos por los medios. Se plantean, en fin, algunos escenarios en función de lo observado tanto en términos históricos como en las tendencias más recientes.

Aquí no se trata de mitificar a nadie, lanzar infundios, escandalizar, ajustar el análisis a una preferencia política, al interés y visión de un partido político o grupo de poder, novelar y mezclar historias truculentas con datos comprobables para alimentar las fobias, delirios, certezas y fantasías del autor y del sentido común, ni de ignorar a quienes con su trabajo han hecho posible este libro. Tampoco se pretende aterrorizar, plantear soluciones mágicas o regodearse con la falta de resultados de alguna administración particular en asuntos de seguridad. No es una visión de cruzado, sino de un investigador académico que trata de entender, explicar y advertir sobre escenarios probables de una política cuyos fundamentos cumplirán en 2009 un siglo de haber sido establecidos. ¿Habrá algo para festejar a casi un siglo de distancia? Bueno, los traficantes sí tendrán motivos. También las burocracias que han hecho de la «guerra contra las drogas» su razón de ser.

¹ Timothy J. Dunn, The Militarization of the US-Mexico Border, 1978-1992: Low Intensity Conflict Doctrine Comes Home, Center for Mexican-American Studies, University of Texas, Austin, 1996, pág. 22.

² Ibíd., pág. 25.

³ The Washington Office on Latin America (WOLA), ¿Peligro inminente? Las FF.AA. de Estados Unidos y la guerra contra las drogas, Tercer Mundo Editores/CEI, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1993, págs. 29-36.

⁴ Alfredo Corchado, «US May Boost Aid to Fight Drug Trafficking in Mexico», The Dallas Morning News, 9 de mayo de 2007; José Carreño, «México propondrá a EU “agresivo” plan conjunto anticrimen: Sarukhán», El Universal, 19 de mayo de 2007; Horacio Jiménez, «En 60 días, plan antinarco regional: diplomático de EU», El Universal, 23 de mayo de 2007; Natalia Gómez Quintero, «SRE: no habrá un plan Colombia para México», El Universal, 2 de junio de 2007.